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El modelo español de valoración de la utilidad terapéutica de las nuevas tecnologías y medicamentos actual es poco trasparente desde el punto de vista técnico y tiene un marcado peso político. Se acerca el momento de encarar reformas profundas que permitan definir y acordar, el concepto de utilidad, ligándolo a las consecuencias lógicas que de ello debieran derivarse, es decir, sacar del sistema de cobertura todo aquello que no es útil, cuando no iatrogénico, y que, por ejemplo en los EEUU, puede significar un 30% del su gasto sanitario que alcanza el 15% del PIB. Descuidar el componente técnico en el proceso de dicha valoración, genera agravios y hace difícil la racionalidad. Reconsiderar el papel del Estado, las CCAA y mejorar la gestión pública sería condición sine qua non. Conviene recordar como hace Ortún (1), los condicionantes que afectan a los actores. Por un lado, políticos atentos a la urna, sensibles -en ocasiones- a los intereses creados y a la posibilidad de una buena salida profesional en la propia industria. Por otro lado, profesionales sanitarios deseosos tanto de rentas más elevadas como de mayor autonomía en sus decisiones. En ambos casos inmersos en una situación en la que numerosos aspectos de la práctica profesional –información, formación, difusión, investigación, equipos- dependen de la industria farmacéutica y también de las de empresas de tecnologías sanitarias. Dichas compañías, a menudo con problemas de imagen, responden ante sus accionistas y saben que la Bolsa valora la responsabilidad social de las empresas en la medida en que las ayude a
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